El 22 de marzo de 1873 se aprobó, en las Cortes de España, la ley
que abolía la esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total
de 29 mil esclavos de ambos sexos, lo que representaba un cinco por ciento de
la población general en Puerto Rico. Los hacendados esclavistas serían
indemnizados por la pérdida de su “propiedad”. Sin embargo, la libertad de los
negros esclavos fue condicionada, porque se obligó a los libertos realizar
contratos durante tres años luego de abolida la esclavitud. El mismo decreto
establecía, además, que no tenían derechos políticos hasta cinco años después.
A pesar de ello, la noticia fue celebrada por la mayoría de la población y la
expectativa de que los negros atacarían a los blancos
(como había ocurrido en otras partes del Caribe) no se dio.
La historiografía
puertorriqueña existen dos teorías sobre las causas de la abolición de la
esclavitud.
- La primera la atribuye al trabajo de sectores liberales, dentro de la propia clase hacendada puertorriqueña, junto a antiesclavistas en la propia España. En ésta se inscriben los historiadores Arturo Morales Carrión y Luis M. Díaz Soler y es la que más adeptos ha tenido.
- La segunda, planteada por el historiador Benjamín Nistal-Moret (Esclavos prófugos y cimarrones Puerto Rico, 1770-1870), propone que fueron los propios esclavos quienes trabajaron su libertad erosionando “el sistema desde adentro” mediante querellas y demandas, fugas o el “cimarronaje limitado” (una fuga individual de corta duración, al cabo de la cual el esclavo volvía a la hacienda). Explica el historiador que fueron medidas de resistencia que desgastaron paulatinamente el sistema esclavista. Ambas teorías son correctas porque los esfuerzos de esclavos y de antiesclavistas funcionaron paralelamente y no hubieran triunfado el uno sin el otro.
